El director general de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez; el gobernador Carlos Julio González Villa y otras autoridades revisaron este jueves las tareas para atender la emergencia.
La Alcaldía de Colombia deberá declarar la calamidad pública como mecanismo que permita atender y resolver de fondo todas las consecuencias que dejó el sismo del pasado domingo en ese municipio del norte del Huila.
De esta manera, los Gobiernos Nacional y Departamental podrán proceder al desarrollo de las acciones e inversiones necesarias para enfrentar la problemática, que van desde afectaciones en construcciones, hasta los agrietamientos en una amplia zona rural de la localidad.
Así quedó consignado este jueves tras una reunión que presidió en Colombia el director general de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, y a la que asistieron el gobernador Carlos Julio González Villa y otras autoridades regionales y locales.
En el encuentro participaron también la secretaria de Gobierno, Liliana Vásquez; el secretario de Vías, Henry Lizcano; y el director de Planeación, Armando Saavedra, además del comandante de la Novena Brigada, coronel Marino Valencia, y representantes de los organismos de atención de Emergencias.
La reunión estuvo precedida por un recorrido a las zonas afectadas para conocer de primera mano los daños provocados por el temblor de hace cuatro días.
Viviendas
En este municipio, el más golpeado con el movimiento telúrico del domingo 30 de octubre pasado, han resultado averiadas hasta ahora 90 viviendas, nueve de ellas inhabitables. La búsqueda de afectaciones continuará hasta el próximo domingo.
En tal sentido, se determinó que a las familias que residían en las nueve viviendas declaradas como inhabitables se les dará un subsidio de arrendamiento hasta tanto se incluyan en algún programa estatal de vivienda digna.
Mientras, los demás propietarios de casas afectadas recibirán ayudas en materiales de construcción para reparar las averías.
El problema más serio
No obstante estos daños significativos para la población doblemente colombiana, el problema de mayor envergadura es la recuperación de la vía que conecta al municipio de Colombia con los centros poblados de Santana, San Marcos, San Antonio Bajo y San Antonio Alto, donde residen unas tres mil personas.
Conforme a una primera inspección visual, el tramo afectado por la falla es de unos 500 metros, pero la inestabilidad geológica de la zona se extiende cerca de 15 kilómetros.
Así las cosas, según quedó claro en el Comité de Seguimiento al sismo, presidido por el Gobernador y el director de la Unidad Nacional del Riesgo de Desastres, que la única alternativa es hacer un rediseño de la vía.
González Villa reiteró que la situación más compleja tiene que ver con los agrietamientos registrados en terrenos de la zona rural, para lo que será necesario un estudio especializado que determine qué acciones emprender.
Mientras se rehabilita la vía, la nueva ruta de conexión sería por el municipio de Dolores, Tolima.
Se desplazará maquinaria de la Gobernación para mejorar el estado de dicha carretera, nueva ruta para los habitantes de esta región del departamento.
Tanto González Villa como Márquez insistieron en que los usuarios de la vía afectada no deben transitarla, pues la probabilidad de derrumbes es bastante alta.
