Al Congreso no solo le quedó grande enfrentar la corrupción, la aparición de parlamentarios en el escándalo de Odebrecht deja claro que son parte de este engranaje. No es extrañó que las iniciativas que buscan medidas de trasparencia, como presentar declaraciones de renta y que manifestaran sus conflictos de intereses fracasaran en el trámite. Por eso, fue radicada ante la Registraduría una solicitud de consulta popular que busca que sean los colombianos quienes impongan estas medidas. (En video: «Tenemos que domesticar a la clase política»: Claudia López)
La propuesta es promovida por la Alianza Verde y va en la misma dirección de la principal bandera de campaña de la ahora precandidata a la presidencia, Claudia López, quien considera que finalizado el conflicto con las Farc, el tema principal, que tiene hastiados a los colombianos, es la corrupción. (Lea: “Derrotar la corrupción es más difícil que acabar a las Farc”: Claudia López)
La consulta popular es un mecanismo de participación ciudadana complejo de sacar adelante. Se requiere 5 millones para convocarlas y 11 millones de votos para su aprobación. La ventaja es que si se supera el umbral, es de obligatorio cumplimiento. En la práctica, si el Congreso se niega a aprobar las normas anticorrupción, como acostumbra a hacerlo, el Presidente debe sacarlas por decreto.
Esta propuesta plantea establecer un límite de máximo tres periodos para los electos en corporaciones de elección popular y de este modo evitar que los congresistas se atornillen a sus puestos.
Como medida de transparencia y para que estén claros los intereses particulares de cada congresista propone que como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.
Para ponerle freno a la mermelada, que no es más que la entrega de contratos y beneficios a los congresistas de parte del Gobierno para facilitar la aprobación de las leyes o el apoyo a las políticas, se pretende obligar que el presupuesto de inversión de alcaldías, gobernaciones y nacional, se desglose y priorice en audiencias públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.
Además, exige terminar los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin ningún tipo de indemnización y que las personas condenadas por corrupción, deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión especial.
Una iniciativa ambiciosa, son seis meses los que permite la ley para recoger cinco millones de firmas, un asunto nada fácil. Más difícil es lograr los 11 millones para que los ciudadanos le den vía libre, pues esta votación es apenas un poco menos de la que se da en una elección presidencial. No obstante, la corrupción es un tema que tiene hastiados a los colombianos.
Hace ya 18 años, en la posesión del mandatario Andrés Pastrana, el entonces presidente del Senado, Fabio Valencia Cossio, lazó una frase que aún es recordada “O cambiamos o nos cambian”, haciendo referencia a la pésima imagen del Congreso y lo poco que se tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos.
Hoy retumba esta frase porque ante el vidente desinterés en tomar medidas para enfrentar el fenómeno de la corrupción y aunque no se trata de una revocatoria, en este caso se busca que la voluntad popular pase por encima del desprestigiado Congreso y se tomen medidas de fondo contra la corrupción.
